No parece que la titulización del déficit de 2013 con aval del Estado se apruebe en el corto plazo
Los analistas de Banco Sabadell han realizado un análisis pormenorizado de la ley del sector eléctrico (Ley 24/2013) publicada el pasado 27 de diciembre, así como de los “nuevos detalles publicados por Industria sobre la reforma pendiente de concretarse en las áreas de Distribución y Transporte”. La firma concluye que, “aparte de algunas sorpresas, todo está muy en línea con lo ya conocido”, por lo que “no cambia nuestras recomendaciones de vender para todo el sector: Iberdrola, Gas Natural, REE y Enagás”.
Con todo, el banco catalán destaca sobre el déficit de tarifa de 2013, que “no parece probable que su titulización con aval del estado sea aprobada a corto plazo, pues el ‘agujero’ generado este año no será conocido hasta diciembre de 2014 (a pesar de la información que hay con
las liquidaciones mensuales)”. Así las cosas, estos expertos consideran que son “noticias negativas pero esperadas y con un impacto muy limitado en valoración: inferior al 2%, debido a la diferencia de valor temporal del dinero entre titulizar con aval hoy y no titulizar/ titulizar sin aval”.
En lo que respecta a déficits futuros, Banco Sabadell cree “que es posible pensar en un 2014 con un ‘agujero’ muy limitado. La clave, en nuestra opinión, estará en evitar los retrasos de 2013 y cumplir al 100% con la transferencia de la recaudación de la ley de medidas fiscales 17/2013 al sector”, esto es, según sus cálculos unos 2.700 millones de euros. Destaca la firma el hecho de que se descarte definitivamente la posibilidad de acumulación de nuevos déficits (aunque era esperado) y también que se establezca la obligación de revisar automáticamente los peajes y cargos que correspondan si el déficit potencial supera el 2% de los ingresos estimados para el ejercicio (aplicable desde 2014) y la deuda acumulada supera el 5% de dichos ingresos. Además, se estipula que los desajustes que no sobrepasen dichos límites “serán financiados por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan. A diferencia del sistema anterior, no serán financiados exclusivamente por los grandes operadores. “Mientras existan deudas pendientes de años anteriores, los peajes de acceso o cargos no podrán ser revisados a la baja. Noticias positivas para el sector pero que podrían implicar revisiones de los peajes poco populares en caso de desviaciones y por ende difíciles de poner en marcha”, afirma Banco Sabadell.
Sobre las energías renovables, el bróker catalán explica que “no hubo novedades relevantes, seguiremos esperando el Real Decreto que concrete su retribución”. Finalmente, la novedad en las áreas de Distribución y Transporte, destacan estos analistas, “es que se establece un límite máximo de inversión anual: un 0,065% del PIB para el transporte (670 millones euros, muy en línea con nuestra estimación para REE) y del 0,013% del PIB para distribución (135 millones euros vs. 200 millones de euros de media anual esperado por Iberdrola y 255 millones de euros esperado por Gas Natural). Para las eléctricas, la implicación directa será un recorte superior al 75% en su capex previsto para distribución. Impacto muy limitado en valoración, pero que podría tener consecuencias negativas en el mantenimiento de la red actual”.
¿QUÉ PASA CON LA TARIFA DE LA LUZ?
Tal y como estaba previsto, señala Banco Sabadell, “se deja abierta la definición del coste de la energía en el Precio Voluntario para el pequeño consumidor (antigua TUR), al afirmarse que ‘el coste de producción de energía eléctrica se determinará con base en mecanismos de mercado atendiendo al precio medio previsto en el mercado de producción durante el período que reglamentariamente se determine y será revisable de forma independiente al del resto de conceptos del precio voluntario para el pequeño consumidor’”.
Por otra parte, “se define la figura del consumidor vulnerable, vinculado a determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo, y se establece la adopción de las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a estos consumidores. Estos consumidores tendrán derecho a una tarifa reducida respecto del precio voluntario para el pequeño consumidor. El bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso”. Además, “será considerado obligación de servicio público y parcialmente asumido por las matrices de las eléctricas”.
Para la firma, estas son “noticias de poco impacto. Nosotros ya asumíamos la financiación del bono social por parte de las eléctricas. En todo caso se trata de un importe muy limitado: 174 millones de euros, según nuestras estimaciones para 2013”.
A estas horas, Iberdrola sube un 0,22%, hasta los 4,6400 euros.
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