Declaración de IzCa ante las mociones aprobadas por el Ayuntamiento de León y otros municipios de la provincia reivindicando la autonomía del País Leonés.

30 diciembre, 2019 IzCa Editorial

Lo primero que tenemos que decir es que esta situación es una expresión más de la crisis del Régimen de las Autonomías basado en la Constitución del 78, que como se viene evidenciando en diversas cuestiones no ha servido en absoluto para resolver la problemática de la organización territorial de los pueblos del Estado español. En coherencia con esta reflexión, desde IzCa consideramos que lo que se necesita es un replanteamiento global de esta problemática, sobre la filosofía política de la confederación de pueblos y, por tanto, la necesidad de abrir un auténtico Proceso Constituyente, cosa que no ocurrió en el llamado proceso de Transición.
En segundo lugar, queremos expresar nuestra consideración de que la moción aprobada en el Ayuntamiento de León tiene legitimidad de inicio. En ese sentido, animamos a los que han promovido esa moción a que demanden la realización de una consulta democrática a la ciudadanía del conjunto de la provincia de León. Desde IzCa consideramos que cualquier decisión política ha de ser tomada democráticamente por el sujeto afectado por esa decisión. Una vez aclaradas estas cuestiones de principios, queremos manifestar también que tenemos muchas dudas de que la mayoría de la población de León comparta el sentido de la moción aprobada en el Ayuntamiento de esa capital el 27 de diciembre, y mucho menos en las provincias de Zamora y Salamanca. Ello no debe ser impedimento para que tal consulta se pueda realizar si hay una demanda significativa para ello.
En tercer lugar, queremos recordar que la involución demográfica y socioeconómica de las provincias de la Comunidad de Castilla y León no afecta solamente a León, Zamora y Salamanca, sino que desgraciadamente es un problema común en el resto de provincias de la Autonomía, tal como es el caso de Ávila, Palencia, Segovia y Soria de manera muy similar, y también Burgos y Valladolid aunque en menor medida. De hecho, seis de las diez provincias del Estado que más población han perdido en los últimos años se encuadran en Castilla y León. Este fenómeno de pérdida de población afecta también al conjunto de capitales de las provincias de la Comunidad. Para documentar tal cuestión incorporamos el gráfico elaborado por El Mundo de Castilla y León según fuentes del INE y un anexo con más datos de interés al final de esta declaración.

La Autonomía de Castilla y León -de manera similar ocurre en Castilla la Mancha- no solo no ha supuesto un elemento de impulso al desarrollo común ni de las diferentes provincias que la componen, sino que ha condicionado un agravamiento en el deterioro de los indicadores demográficos, socioeconómicos, etc. La Autonomía pluriprovincial castellano y leonesa es desde luego un problema para las provincias del Antiguo Reino de León, pero lo es en similar medida para las provincias de origen castellano. La constitución, por tanto, de una autonomía pluriprovincial con las tres provincias del Antiguo Reino de León que se reivindica en la moción, no solo no resolvería el problema sino que lo agudizaría al crear una nueva superestructura política que habría que pagar con recursos públicos. En cualquier caso, el único territorio que potencialmente se podría ver beneficiado sería la ciudad de León, ni tan siquiera el conjunto de la provincia, por la ubicación en esa ciudad que toda la burocracia asociada a la constitución de un ente autonómico.

En los territorios correspondientes con los antiguos reinos que conformaron la Corona de Castilla en la Península se ha venido forjando una larga tradición de identificación con la provincia. La articulación de la administración territorial desde hace siglos ha recaído sobre esta y, sin menoscabo de otras demarcaciones como las comarcas, la respuesta a esta crisis debería buscarse en ella. Lo que tendría que desaparecer en su totalidad, y no duplicarse, es el Régimen Autonómico de Castilla y León, siendo sustituido por las Diputaciones Provinciales, por supuesto modernizadas y democratizadas, tomando como ejemplo las Diputaciones Forales, que serán seguramente las administraciones más eficientes y eficaces entre todas las existentes en el Estado español. Una Diputación elegida democráticamente por distritos provinciales y con las mayores competencias en sus manos, competencias que actualmente recaen en las Autonomías, sí sería un instrumento de gran potencia para revertir la tendencia involucionista demográfica y socioeconómica que sufrimos.

Por supuesto, habría que establecer estructuras de coordinación y planificación supraprovinciales para optimizar recursos sanitarios, educativos, investigadores, etc. que incluyera a las dos Castillas, León y por supuesto también a Madrid. Sería de una gran utilidad para el replanteamiento inevitable de la cuestión territorial en el Estado español.

Estamos a las puertas del V Centenario de la Revolución Comunera, en la que León tuvo un papel muy significativo, protagonismo que también ocurrió hace ahora siglo y medio con la firma del Pacto Federal Castellano de 1869, impulsor de la I República. Es un momento histórico muy oportuno para abordar estas cuestiones con reflexiones rigurosas de fondo y de forma.

En cualquier caso nos sorprende la campaña anticastellana que se ha iniciado a raíz de esta moción y de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación de ámbito estatal. Castilla, tal como queda reflejado en los datos que aportamos en este editorial y en el anexo correspondiente, es la nación del Estado más perjudicada por la propia construcción de este a través de sus proyectos autonómicos, convirtiéndose en una auténtica colonia interior del capitalismo español. La puesta en marcha no ha hecho sino reforzar ese proceso. No aceptamos que se hagan ese tipo de consideraciones que corresponden con un pueblo expoliador de sus vecinos. Sería un paradójico caso de expoliador empobrecido. Intuimos que detrás de esa campaña hay intereses muy estrechamente relacionados con la actual situación política y el proceso en marcha de acuerdo para formar gobierno con el Neo-Pujolismo.

ANEXO: Despoblación, desigualdad social y marginación política

La Comunidad de Castilla y León es un territorio de una amplísima superficie, más de 100.000km², el mayor territorio de estas características de Europa Occidental. La población absoluta de Castilla y León ha descendido entre 2008 y 2017 en 131.529 habitantes, una caída del 5,14%, lo que supone que la intensidad del descenso demográfico, iniciado en el periodo autonómico desde mediados de la década de los 80 del siglo XX ha visto incrementado su ritmo de caída en la última década. La población de Castilla y León en el año 2017 era de 2.425.801 habitantes. Hay que remontarse hasta el año 1920 para encontrar una cifra de población más baja. Desde 1981 la población ha descendido un 7,1% en el conjunto de Castilla y León, con provincias como Soria, Palencia y Ávila con descensos superiores al 10% y que alcanzan su cota máxima en Zamora con una caída del 20,7%. Las caídas de población se han generalizado y extendido a todas las provincias sin excepción a partir del año 2008. Las dinámicas demográficas que seguían diferentes pautas y ritmos según nos situáramos en áreas rurales, centros comarcales o áreas urbano-industriales, han empezado a tender a la homogenización desde el año 2008. La Comunidad Autónoma en su conjunto se define bajo los parámetros de la despoblación. Y es que, por ejemplo, de las 12 ciudades más pobladas de Castilla y León, esto es, las nueve capitales de provincia más Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada, todas han perdido población entre los años 2012 y 2017.

El periodo histórico de la España de las Autonomías ha supuesto para Castilla y León un crecimiento negativo, un descenso de población que tiene una lógica explicación en las migraciones y el movimiento natural, con otra importante derivada como es el envejecimiento de población. Y es que entre 1981 y 2017 la tasa bruta de natalidad (nacimientos por mil habitantes) se ha reducido a la mitad, de 12,11 a 6,38. Ajustando un poco más el indicador de natalidad, la tasa global de fecundidad (nacimientos por 1.000 mujeres) pasa de 53,95 en el año 1981 a caer hasta los 32,05 en el año 2017. Algo que ni tan siquiera está siendo compensado por la tasa bruta de mortalidad que ha aumentado, pasando del 8,75 al 12,15. Unas cifras que guardan estrecha relación con otro de los rasgos fundamentales para entender la realidad demográfica y sus derivadas, el envejecimiento de la población y las elevadas tasas de dependencia. Basta con poner de relieve un dato, el índice de envejecimiento, entendido como la relación porcentual entre la cantidad de personas mayores de 65 años y la cantidad de personas menores de 15 años, se ha triplicado entre 1981 y 2018 pasando del 58,4% a 193,5% en el conjunto de Castilla y León. La tasa de dependencia de población envejecida, relación entre la población de más de 64 años y la población entre 15 y 64 años, también ha aumentado significativamente, pasando del 24 % en 1981 a alcanzar el 40 % en el año 2018, lo que la convierte en la más elevada de todo el Estado. De la misma forma se ha incrementado la proporción de personas mayores de 64 años, que en 1981 es de 14,03 y en 2018 es del 24,9. La edad media ha pasado de 37 a 47 años, pero con una esperanza de vida alta, la segunda mayor de todo el estado con 83,8 años.

El periodo autonómico ha supuesto una profundización de la debilidad demográfica de Castilla y León y un aumento de los desequilibrios regionales respecto a áreas con mayor desarrollo económico, fundamentalmente en relación a Madrid. Fallando estrepitosamente en las dos cuestiones principales que se suponía venía a resolver la España de las Autonomías cuando fue planteada hace cuatro décadas.

El éxodo rural de los años 60 del siglo XX, que supuso el final de la agricultura de subsistencia y la emigración masiva desde el campo a unas ciudades en proceso de crecimiento urbanístico derivada de una intensa industrialización necesitada de mano de obra, supuso un cambio profundo del espacio castellano-leonés, una transformación radical de un escenario inalterado desde hacía siglos. Pero mientras el éxodo rural respondía a unos cambios geográficos y territoriales tangibles, bien plasmados en la realidad vital del campo y la ciudad, la burbuja inmobiliaria y todas sus derivadas territoriales y financieras, con su liberalización de las políticas de suelo, clasificación masiva de suelos urbanizables y construcción desproporcionada de viviendas como mero producto financiero, no respondía ni a una necesidad objetiva ni a una realidad económica. Fue un proceso ficticio diseñado desde los despachos de banqueros, constructores y políticos. Respondía a unos claros intereses económicos e ideológico-políticos, basados en la obtención de crédito-deuda que alimentara e hiciera efectivas las expectativas de negocio privado derivadas de la liberalización masiva del suelo, ejecutadas por parte de los partidos dominantes en las instituciones y administraciones públicas. Un proceso financiero sin base territorial donde el espacio se configuró como paisaje especulativo al margen de las capas mayoritarias de la población.

La despoblación es un grave síntoma, la marginación política y la desigualdad social es la enfermedad que se ceba con las Castillas y León. Las causas de la despoblación en Castilla y León desde mediados del siglo XX son múltiples: históricas, geográficas, sociales, culturales, pero sobre todo son económicas y políticas. Y si bien todos estos factores han intervenido a lo largo de diferentes ciclos históricos, la actual situación debe mucho al periodo conocido como la España de las Autonomías y al papel marginal en lo económico y lo político asignado en ella a los territorios castellanos, tanto en el marco español como en su contexto europeo, que lo han hecho más vulnerable a los efectos de la crisis global de 2008. El final de la llamada crisis demográfica, de la crisis en general, difícilmente se va materializar manteniendo las mismas políticas y los mismos protagonistas que han monopolizado todo el conglomerado de poder dentro de marco autonómico y estatal del actual Régimen. Tampoco dentro del actual modelo territorial y competencial. La realidad urge y los cambios globales en materia política y territorial parecen no solo necesarios sino inevitables.

Por adecuación geográfica, tradición histórica y arraigo en la percepción popular e identitaria, la provincia podría ser una escala territorial efectiva para enfrentar los graves problemas políticos y socioeconómicos en los territorios castellanos, incluida la realidad demográfica y la gestión de la sanidad pública. Articulando la configuración de unas estructuras políticas-administrativas más adecuadas a la gestión del territorio, en cuanto a su dimensión, recursos y competencias, donde la proximidad vaya de la mano de la soberanía.

Los párrafos de este anexo han sido extraídos del artículo “La población en la planificación de la Sanidad Pública de Castilla y León”, del geógrafo Pablo Arroyo, elaborado en verano de 2018.