La Agencia de Emergencias recibe cientos de alegaciones contra la reforma de la Ley de Bomberos

 El sector ya ha bautizado esta ley como la “Ley del Embudo” en referencia a un proyecto que desprofesionaliza y que excluye a los sindicatos mayoritarios del Gabinete Técnico para su reforma.

Centenares de alegaciones es lo que ha recibido la reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Comunitat Valenciana a la conocida como Ley de Bomberos. Y es que hasta el pasado 13 de junio cualquier ciudadano podía plantear alegaciones o sugerencias a la modificación de la Ley 7/2011, que regula el funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.

Este trámite de consulta, previo a las reformas de las leyes, ha pasado de ser un simple trámite burocrático, a convertirse en el medio que ha puesto de manifiesto la disconformidad de un colectivo de profesionales, que ve cómo se pierde, una vez más, la oportunidad de reforzar y profesionalizar los seis cuerpos de bomberos de la Comunitat en pro de favorecer una reforma que, según representantes sindicales consultados, plantea serias dudas legales cuando no roza la inconstitucionalidad en sus puntos más polémicos.

Exclusión de sindicatos

La reforma nace de la controversia antes de publicarse puesto que durante el proceso de elaboración y debate, el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jose María Ángel Batalla, no ha contado con los representantes sociales de cada una de las provincias, según denuncian los sindicatos excluidos de la mesa técnica.

Según el sindicato CGT, “no se comprende el motivo de la exclusión, pues disponemos de la mayoría absoluta en el Consorcio de Bomberos de Alicante. No se nos ha permitido participar en el gabinete técnico a pesar de que la modificación de ley debe contar con la opinión de los trabajadores, representados por los sindicatos, según cita la Ley Orgánica de Libertad Sindical”.

Dicha circunstancia ha infundido entre los seis cuerpos de bomberos de las tres provincias valencianas, un sentimiento de no representatividad por parte de los actuales miembros del Gabinete Técnico que refuerza el rechazo de la plantilla a los términos en que se plantea la reforma de la Ley de Bomberos. Los diferentes sindicatos representativos de la comunidad, Confederacion General del Trabajo CGT, Intersindical Valenciana STAS, Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB, Sindicat Valencià Repulblicà, Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana SEP y Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF han pedido su inclusión en el Gabinete Técnico para poder formar parte de las decisiones que se tomen y afecten a las seis plantillas de bomberos de la Comunidad Valenciana.

Dispensas anticonstitucionales e invasión de competencias

Las disposiciones que cuentan con mayor oposición se centran en las referidas a las titulaciones requeridas para el acceso a la escala de mando. Entre la avalancha de alegaciones enviadas se encuentran argumentos que avalan la circunstancia de que este proyecto normativo contradice, no sólo leyes estatales y de rango superior, como el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y modificado posteriormente en 2015 sino normas autonómicas como las ley de Función Pública Valenciana u otras sobre régimen local que coinciden en la estructura funcionarial y las titulaciones como requisito exigido por la norma estatal.

La reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha elaborado desoyendo el informe desfavorable al contenido que recoge la reforma y emitido por el propio Director General de Administración Local. Dicha modificación introduce una dispensa de titulación exigible para el acceso concreto al grupo B que el ejecutivo estableció con la adaptación de la Ley de Función Pública valenciana tras la modificación de la EBEP e inclusión de este nuevo grupo, recogido además en la Ley de Bomberos de 2011 . Dicha competencia corresponde al Ministerio de Educación y, según denuncian representantes sindicales, lleva invadiéndose desde 2011. Prueba de ello son los procesos judiciales abiertos por este mismo motivo y pendientes de juicio para finales de este mismo año por admitir que aspirantes sin la titulación exigida de Técnico Superior de Formación Profesional puedan acceder a la escala de mando encuadrada en grupo B de titulación, grupo que exige según normativa estatal y autonómica, su posesión.

El gran número de alegaciones recibidas forzó el pasado 19 de julio a la Agencia de Emergencias a solicitar informe a la abogacía del Estado sobre las modificaciones a la ley antes de tomar una decisión sobre las mismas.

La propuesta actual de la ASRE plantea la exención durante cinco años del requisito de disponer de una titulación profesional del Grupo B, exigencia que el anterior ejecutivo estableció con la publicación de la Ley de Bomberos en 2011. El motivo con el que la Agencia justifica dicha dispensa cuenta también con la oposición de la mayoría social puesto que plantea la obligación de poseer de forma específica la nueva titulación de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias como requisito de acceso para mandos, cuando las leyes actuales admiten cualquier titulación de Técnico Superior para funcionariado de grupo B.

 Desprofesionalización

Otra de las cuestiones que siembran el descontento de la plantilla es la creación de una nueva categoría profesional. La Disposición Transitoria Séptima de la propuesta de modificación, crea la figura de Cabo Base encuadrado en el grupo profesional C1, con idénticas funciones a la actual de Cabo, pero con diferentes requisitos de acceso e inferior remuneración, hecho que los sindicatos más representativos en el sector de las emergencias consideran una desprofesionalización del sector y la aplicación de otra dispensa de titulación encubierta e ilegal. El hecho mencionado ya se repitió hace unos años con la categoría de bomberos y acabo en los juzgados, dándose la razón a los demandantes.

Denuncian falta de compromiso de la Generalitat frente al intrusismo profesional de voluntarios , empresas privadas y otras administraciones

Los sindicatos denunciantes explican que “la ASRE debería saber que la formación académica específica de un puesto de trabajo, de la que debe disponer un empleado público en el momento de su acceso, es la que lo capacita para ejercer las funciones encomendadas al puesto de trabajo, y que cualquier dispensa de dicha formación no ha más que deteriorar la calidad de prestación de los servicios”.

Desde los diferentes sindicatos y asociaciones de los cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana se ha puesto en manos de los gabinetes jurídicos las últimas decisiones y actos tomados por la ASRE por posible intrusismo en las competencias de los bomberos profesionales de la Comunidad Valenciana. De hecho estas mismas fuentes también aseguran que se tiene previsto pedir responsabilidades a las diferentes administraciones por la no defensa de las citadas competencias ante asociaciones de voluntarios, empresas privadas y otras administraciones. Representantes del sector se quejan de que “esta falta de compromiso en la profesionalización del sector ha sido la tónica general en los diferentes ejecutivos que se han sucedido en la Generalitat Valenciana”.

Nuevas titulaciones de formación profesional en Emergencias

El  Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogió con su publicación mediante Real Decreto en 2005, gran parte de las competencias que desarrollan los profesionales de las emergencias. Con su publicación, hace ya 12 años, se creó la Familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que dio paso al desarrollo normativo de las titulaciones de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil y Grado Superior, Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

Los citados títulos ya se están impartiendo dentro de la oferta formativa profesional de la Comunitat Valenciana en cuatro centros educativos públicos, con lo que, según fuentes sindicales consultadas “el proceso de profesionalización del colectivo redunda en una mejor prestación del servicio, que en última instancia es el motivo que llevó a la Generalitat Valenciana a crear la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”.

Una de las polémicas modificaciones, denunciada por la mayoría de sindicatos como ilegal, plantea como exigencia para acceder a la escala de mando, la posesión del Título de Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

No sólo la propia normativa que regula el título viene a establecer que no se regula profesión alguna sino que además, dicha exigencia, según versan las alegaciones presentadas, “estaría causando un perjuicio a la plantilla de los cuerpos de bomberos que, por un lado, ya ha cursado estudios de técnico superior en aras de cumplir con el requisito genérico de titulación que dicta la legislación vigente y ahora se ven obligados a cursar una titulación nacida en el año 2014, implantada hace tan sólo 1 año y ofertada por sólo cinco centros de estudios en toda España con escasa oferta de plazas.

Dicha titulación puede valorarse como mérito, circunstancia que ya se da en la Comunidad balear, siempre que se sigan admitiendo sólo titulaciones de Técnico Superior.

Prueba de las dificultades prácticas que se plantean para adquirir el requisito en los próximos 5 años es que tras la publicación de admitidos provisionales en ciclos formativos en la Comunitat este 11 de julio, no más de 10 bomberos de una plantilla de alrededor de 2000 efectivos, ha sido admitido en los estudios de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.