La fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, ha equiparado este jueves el proceso soberanista catalán con el “oscurantismo, el fanatismo y la tiranía”. En el transcurso de un desayuno informativo, Madrigal ha asegurado que respecto del proceso la Fiscalía y el Estado tienen que combatir “los mismos males que combatió la ilustración: el oscurantismo, el fanatismo, la tiranía, y también sus desviaciones y errores”.

Según la máxima representante del ministerio público, este combate se debe librar utilizando como armas los principios de la ilustración: “la legalidad, la ley como emanación de la voluntad popular, el espíritu crítico y la tolerancia”, para realizar un debate “sereno” en el que se “admitan las diferencias” y se puedan asumir y elevar a rango superior por la vía del diálgoo y “la reforma de las cosas que funcionan mal, nunca por las vía de hecho ni por la violencia”.

“El ministerio fiscal actuará con todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición si se cometen acciones delictivas contra la Constitución, contra el Estado de derecho o la ley”, ha zanjado Madrigal.

15 DILIGENCIAS

La fiscala general ha explicado que el proceso contra el ‘president’ Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la ‘consellera’ Irene Rigau por organizar el 9-N sigue su curso “con total normalidad” y que el ministerio público reclamó una quincena de diligencias para “depurar la posible responsabilidad de los querellados y su participación en los hechos que se les imputa”. Asimismo, ha quitado importancia al hecho de que la Fiscalía General del Estado actuara en contra del criterio de los fiscales catalanes. A su juicio, es algo “normal” y no ha menoscabado la imagen de la institución.

“Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia”, ha añadido Madrigal.

Por otra parte, ha descartado actuar contra las estructuras de Estado que el Govern plasmó en su hoja de ruta pactada con ERC para después de los comicios del 27-S. A su entender, la hoja de ruta “no contiene nada relevante desde el punto de vista penal”.

“A pesar de que de forma genérica se hace referencia a ciertas intenciones de desconexión en el Estado, no perseguiremos ni criminalizaremos intenciones o declaraciones políticas (…); actuaremos cuando se cometan acciones delictivas contra la Constitución o el Estado”, ha añadido.