Totes les eleccions per accedir a la representació política en esta segona restauració monàrquica, ja siguen locals, autonòmiques o estatals, es deriven de la Constitució espanyola de 1978 que, a més de ser hereva del Decreto de Nueva Planta de 1707, està plena de contradiccions i paranys que tots els col·laboracionistes fan com si les ignoraren i que tenen com objectiu mantenir la dinastia espanyola que va instaurar Franco al servei dels interessos dels poders fàctics que encara representa.

La més significativa de les fal·làcies és l’engany, o estafa, que han representat totes i cada una de les deu eleccions al parlament espanyol que s’han fet des del 1977. Els súbdits espanyols estan creguts que en cada una d’aquestes eleccions s’està elegint a la persona que tenint majoria en eixe parlament ostentarà el càrrec de President del futur govern del Reino de España. Doncs bé, no és cert. Aquestes deu eleccions sols han estat un indicatiu, una informació, perquè el cap de l’Estat, és a dir el Rei, una persona que no ha estat elegida per sufragi universal, puga constatar que esta persona compta amb el seu vist-i-plau i amb el dels poders fàctics que el van posar i representa. Cosa que fins ara a succeït. Però si aquesta persona que compta amb la majoria del parlament espanyol no compta amb el vist-i-plau del Rei i dels poders fàctics, i la persona que proposa, seguint la llei, el cap d’Estat, no obté el suport de la cambra, llavors el resultat de les eleccions queda anul·lat i el cap de l’Estat elegit per Franco, torna a convocar noves eleccions. La lectura de l’article 99 no deixa cap mena de dubte d’això que hem esposat:

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

És a dir que ni l’article 1 d’aquesta Constitució que va ser defensada i encara ho és , entre altres, pel PSOE, PCE i CiU, on es diu que: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” no és compleix, perquè com hem vist en l’article 99 aquesta sobirania del “pueblo español” no és tal, doncs la té compartida amb un senyor, Juan Carlos I de España i ara el seu fill Felipe , que no ha estat elegit de manera democràtica per ningú i que amb la seua decisió personal pot neutralitzar la voluntat del seu poble, l’espanyol.

República Valenciana – Partit Valencianista Europeu, des de la seua fundació en el 2007, s’ha presentat a totes les eleccions per donar a conèixer el seus objectius que no són uns altres que assolir una majoria en el parlament autonòmic de l’actual Comunitat Valenciana per proclamar unilateralment la República Valenciana, posar a referèndum la Constitució valenciana, per damunt la qual no pot haver-hi una altra, i ser reconegut el nou Estat pels organismes internacionals, començant per la UE.

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Català demana al Gobierno ‘recursos per a mantenir els serveis bàsics’

• La nova portaveu de l’Executiu valencià insisteix, com Fabra, en la ‘falta de sensibilitat’

• ‘Els valencians li han dit al Govern que ha de reflexionar sobre el finançament’, diu

La nueva portavoz del Consell, María José Català, antes de su rueda de prensa. BIEL ALIÑO

María José Català se ha estrenado como portavoz del Consell sin salirse del guión que ha esbozado Alberto Fabra en los últimos días. Relajada, sonriente, manejando su telegenia y sin esquivar preguntas insistió en que el mensaje que lanzaron los ciudadanos en urnas el pasado domingo ha de ser escuchado. Y no sólo iba dirigido al gobierno valenciano, sino también a Madrid.

Catalá insistió, como hizo el presidente, en la necesidad de hacer ver al gobierno de Mariano Rajoy que existe una falta de sensibilidad hacia la Comunidad Valenciana y que los ciudadanos ya la perciben. “Estamos en una situación delicada y hemos trasladado de manera reiterada que necesitamos recursos para mantener los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales”, explicó Català. “Estamos convencidos de que serán sensibles, pero los valencianos ya le han dicho al Gobierno que tiene que reflexionar sobre esta falta de financiación“, añadió.

“El mensaje que los dejan las elecciones es claro. Hay una falta de sensibilidad pero también tenemos que trasladar mejor nuestra tarea. Trabajamos en nuestra situación financiera pero los ciudadanos ya han hecho todo el esfuerzo posible. Ahora le toca al Gobierno“, sentenció.

La consellera portavoz aseguró que su nueva tarea es estar en “comunicación permanente con los ciudadanos para trasladar de manera más intensa que el trabajo que hacemos y el esfuerzo de los últimos años va a valer la pena, que nos llevará a un escenario mejor”. No aclaró si en esta faena comunicativa estará auxiliada desde la secretaría autonómica de Comunicación, vacante desde la dimisión de Lola Johson. “Es una decisión que corresponde al Presidente de la Generalitat y la tomará cuando crea conveniente”, se limitó a decir.

En cuanto a la condena al ex conseller Rafael Blasco, Català defendió las ‘líneas rojas’ trazadas por Fabra: “No toleramos las conductas inadecuadas en la Administración y vamos a trabajar por recuperar lo sustraído a la Generalitat para destinarlo a los fondos a los que iban dirigidos o a situaciones de emergencia social”, aseguró, al tiempo que recordó que se han establecido “mecanismos de control” para que no puedan darse estas irregularidades. “Se ha demostrado que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y que la Generalitat colabora en cualquier caso”, dijo.

Por otra parte, respecto a las declaraciones del ex presidente Francisco Camps optó por el respeto. “No estoy aquí para trasladar opiniones sino para dar cuenta del posicionamiento del Gobierno valenciano”.

En cuanto a la posible implicación del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en el caso Over Marketing, que vincula a esta empresa de publicidad con una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, se mostró segura de que no hay irregularidades. “Estamos convencidos del buen trabajo del conceller Serafín Castellano”, dijo.

Català:‘Clar que ens agradaria comptar amb una televisió pública’

• La nova portaveu diu que era ‘insostenible’ mantenir-la amb 1.600 treballadors

• extreballadors de *RTVV han tornat a concentrar-se, com cada divendres, davant el Palau

La portavoz del Consell, junto al vicepresidente José Císcar. BIEL ALIÑO

La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, ha afirmado hoy que, “evidentemente”, al Consell le gustaría contar en este momento con una televisión pública, “claro que sí”, pero si se decidió cerrar Radiotelevisión Valenciana fue porque era “insostenible” mantenerla con 1.600 trabajadores.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la portavoz ha destacado que el Ejecutivo valenciano tomó una decisión “muy difícil” con el cierre de RTVV, que les costó “muchísimo” de adoptar a todos los miembros del Consell, pero que lo hicieron “por responsabilidad”.

A su juicio, el esfuerzo que tiene que hacer el Consell para que los ciudadanos perciban la “pequeña mejoría” de la situación económica “no es una cuestión solo de medios de comunicación, que también”, sino asimismo “de mensaje” y de estar al lado del ciudadano y conectado con él.

Preguntada sobre si las futuras desconexiones de RTVE en la Comunitat Valenciana podrían vulnerar la ley de supresión de RTVV, la consellera ha aseverado que nunca harán “nada que contradiga la normativa autonómica”.

Catalá ha insistido en que el cierre de RTVV respondió a la “imposibilidad” de que la Generalitat pudiera asumir el mantenimiento de un ente con ese volumen de trabajadores, y no a la deuda de la sociedad pública o a otras situaciones.

Según ha dicho, el Consell “reflexiona” en estos momentos sobre cómo ofrecer al ciudadano valenciano “la mayor oferta de información”, de cultura y de promoción de su lengua, y se está trabajando “en todos los escenarios”.

Ex trabajadores de RTVV han vuelto a concentrarse, como cada viernes, ante el Palau de la Generalitat para protestar contra el cierre de la cadena pública, del que esta semana se han cumplido seis meses, y han guardado un minuto de silencio a las 12.19 horas, momento en que se procedió al apagado de las emisiones.

Los manifestantes han mostrado carteles con el logotipo de Canal 9 al revés en los que se podía leer “6 meses del cierre”, y han compartido la plaza con una protesta en contra del abandono del barrio de La Coma (Paterna).

Durante el acto, han intervenido representantes de los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes, que han agradecido que siga “la lucha” en defensa de este servicio público y han asegurado que recuperarán RTVV.

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Els esdeveniments succeïts al voltant del cas “Can Vies” ja han destapat l’origen dels actes de violència (gratuïta?) que s’han desfermat al seu voltant.
El ministre de l’Interior espanyol ha enviat –com a mínim– 200 efectius de la “Policia Nazional” que ara mateix, amb les més de quaranta furgonetes, s’estan a un hotel de tres estrelles de Calella amb l’excusa “de protegir els edificis de les institucions de l’estat i per a ajudar a la Generalitat de Catalunya, davant l’esclat de violència desfermat a Barcelona”.
Més clar, l’aigua. La negativa dels ocupants de Can Vies –que acaben de fer conèixer en roda de Premsa– a cap mena de diàleg amb l’Ajuntament de Barcelona és prova de la teledirecció, per part dels enemics de Catalunya dels (o part dels) col·lectius que ocupaven l’immoble municipal.
Ben segur, aquells qui mouen els fils que fan actuar els “encaputxats” també són els mateixos que sacsegen la corda del col·lectiu espanyolista i catalanofòbic de la mateixa policia catalana, especialment visible per la seva contundència contra la ciutadania i no pas contra els violents… Així, jugant a dues bandes, els serveis d’intel·ligència aconsegueixen muntar un teatre prou vistós per a distreure’ns de l’objectiu d’Independència, tot i obligant els polítics incapaços que ens manen a esmerçar inútils esforços per a “negociar” amb els salvatges a costa dels diners i de la paciència dels ciutadans.
Salut,

Enric Borràs