[artículo de Víctor Baeta publicado en el Levante-EMV el 25.03.2015 ]

Ni gestión, ni control: expolio

(Conclusión por la desaparición de CAM, Bancaixa y Banco de Valencia)

El 5 de mayo del 2010 el presidente Zapatero y Rajoy, líder de la oposición, pactaban en la Moncloa la reestructuración del sector financiero español. El acuerdo, fraguado un año antes, venía dictado por los Botín, González y Fainé autores intelectuales de los criterios contables que hacían inviables las cajas para convertir el mercado en un modelo de oligopolio. Ese día los dos políticos españoles se repartieron el negocio financiero de las cajas que iban a desaparecer según las influencias políticas respectivas. Para los valencianos este acuerdo, como un nuevo Decreto de Nueva Planta, borró del mapa nuestro sector financiero y la Comunidad Valenciana fue tratada como lo que es desde el 29 de junio de 1707, como una colonia del Imperio, si bien este ya en fase muy terminal. En el reparto de las entidades financieras valencianas que se pactó en la Moncloa, Bancaixa le correspondió a los dinásticos españoles conservadores, la CAM a los dinásticos españoles progresistas y el Banco de Valencia a los dinásticos españoles catalanes. Obviamos el caso de las cooperativas de crédito, las Cajas Rurales valencianas fusionadas con Cajamar de Almería, que sería motivo de otro artículo.

I

El destino decidido para la CAM de inmediato causó sorpresa entre los conservadores valencianos. El líder del PPCV Francisco Camps que pensaba tener aseguradas las cajas valencianas y que un año antes les auguraba un futuro brillante, desconocedor del nuevo diseño contable , comprobó asombrado como sus reiteradas lealtades a España no habían servido para que desde Madrid obviaran el pecado original de los valencianos que de manera temeraria lo celebramos todos los 9 de Octubre y no pudo evitar, a pesar de su afirmada españolidad, que fuéramos tratados como vulgares moriscos o judíos –valencianos y murcianos no españoles–, a los que se les puede saquear con total impunidad.

Inicialmente se pretendió que unas cajas inferiores en volumen, como la asturiana, extremeña o cántabra, controladas por el PSOE, lideraran el Banco Base y en donde los valencianos y murcianos, tendríamos un papel secundario. Este acople imposible fracasó pues no tenía sentido si el potencial financiero de la CAM no lideraba el futuro Banco, cosa que por el reparto de la Moncloa no podía ser, no nos correspondía. A partir de la rotura del Banco Base el 30 de marzo del 2011 la existencia de la CAM estaba sentenciada desde Madrid, pero un incrédulo PPCV se sumerge en la ensoñación de confiar que desde el Estado español, la CAM reciba un trato semejante al de Caja Madrid, es decir transformarla en un banco SAU, sanearla en base al nuevo diseño y no venderla, o como ya apuntaba la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega a instancias de Botín a falta de un comprador, el trocearla. Esta fabulación de un Banco CAM SAU, escriturado el 21 de junio del 2011 pero aun no registrado (fue inscrito el significativo, como veremos, 22 de julio), de un banco en manos valencianas y murcianas, de una entidad financiera valenciana ‘salvada’ por el Estado español, esa esperanza se mantiene hasta el decisivo mes de julio del 2011 en que, en un corto periodo, se producen los dos últimos suspiros que precedieron a la muerte súbita del político valenciano abandonado. El 11 de julio, el primer suspiro, el IVF publica un informe favorable a la segregación del negocio financiero de la CAM a favor del Banco CAM SAU. El segundo y cándido suspiro, el 17 de julio, lo realiza María Dolores Amorós con su artículo publicado en la prensa en que con cifras demuestra la viabilidad de la CAM y confía en que, si la aportación de capital del Estado fuera mayoritario en la Caja, los valencianos seriamos tratados, pongamos por caso, como los españoles de Caja Madrid. Y finalmente llegamos a la dramática fecha de la muerte política que se produce el 21 de julio –atención al dato– al día siguiente de la mediática entrada en bolsa de Bankia con un zaplanista exultante entre los protagonistas y la víspera del día en que el Banco de España resuelve (BOE 23 de julio 2011) entrar manu militari en la CAM y en el Banco CAM SAU, registrado ese día, con fuerzas neo-contables de destrucción masiva del FROB, para hacer realidad el acuerdo de la Moncloa por el que esa entidad tenía que aterrizar gratis en un campo socialista; esa víspera, adelantada la noticia de la resolución del Banco de España de ocupación de la entidad financiera valenciana y murciana, Francisco Camps dimite. En un último servició de lealtad a España, de sumisión a Rajoy y de espaldas al pueblo valenciano que por tercera vez lo había elegido con mayoría absoluta, la excusa para dimitir que dio el presidente fueron los cuatro trajes que una oposición histérica, a falta de otros argumentos, esgrimía en el juzgado contra él. A partir de este momento el Estado español ejecuta una operación acordeón para reducir el valor de la CAM a la ‘nada’ –mientras paradójicamente las oficinas no dejaban de funcionar– acompañada de una campaña mediática donde se teatraliza que «la CAM es lo peor de lo peor» y que los valencianos –sobre los que cualquiera se puede miccionar encima– los más corruptos del mundo mundial. El objetivo, una vez reducido técnicamente el valor del Banco CAM SAU a un simbólico euro, es vendérselo a un banco que han decidido incorporarlo a los sistémicos, el Banco Sabadell, presidido por un viejo amigo de los dinásticos españoles progresistas, desde que estuvo a su servicio entre 1984 y 1986 en el gobierno de Felipe González, cuando Carlos Solchaga, le puso al frente del INI para desmantelarlo. Efectivamente Josep Oliu –me lo ha confirmado una fuente autorizada– tiene el carnet del PSOE. Finalmente, con esta venta, el acuerdo entre españoles sobre el destino de la CAM, que se pactó en la Moncloa a costa de los valencianos y de los murcianos, para que quedara bajo la influencia de los dinásticos socialistas, se llevó a efecto.

II

Pasemos al destino de Bancaixa. Si en el caso de la CAM el inicial Banco Base saltó por los aires y a partir de ese momento el Estado español sentenció a la CAM para desposeerla de libertad y venderla en el mercado de esclavos, no ocurrió lo mismo con Bancaixa que, como el himno regional se la destinó para ‘ofrendar nuevas glorias’ a una caja de ‘ellos’, pues como dice la copla «que madre no hay más que una (Caja Madrid) ¡y a ti te encontré en la calle (Bancaixa)!». En este caso la caja valenciana era incorporada como parte del harén madrileño de Rodrigo Rato para formar el gran banco estrella de los dinásticos conservadores, el gran banco del PP, el BFA-Bankia. Un apunte: el hijo que aportaba Bancaixa, la ‘joya de la corona’ que era el Banco de Valencia, enseguida le sería arrebatado para ser también vendido en el mercado, como veremos más adelante.

Pero el destino de Bancaixa, viendo pasear a sus dirigentes zaplanistas felices por la capital del Reino, también debió de desmoralizar a Camps. La imagen del miércoles, 20 de julio del 2011, en la que José Luis Olivas aparece sonriente y con el dedo pulgar levantado en señal de victoria, al lado del personaje, entonces todavía no acusado de rufián, que agitaba la campana que anunciaba la salida a bolsa de Bankia, contrastaba con el anuncio de asalto y ocupación de la CAM, por «justo derecho de conquista», que el viernes, 22 de julio, Miguel Angel Fernández Ordoñez iba a realizar. Entre estos dos días, el jueves 21 de julio, y a consecuencia de estos dos hechos, Francisco Camps tira la toalla y dimite. Como una tragedia griega, Bancaixa que el Estado la había incorporado, a lo que Mariano Rajoy columbraba como el gran banco español teledirigido por el PP, la otrora luminosa entidad valenciana con aires sorollanos, fue arrastrada, y con ella a buena parte de sus dirigentes, al destino trágico de la España tenebrosa, judicializada y corrupta.

III

Y qué decir del Banco de Valencia. Este junto con la CAM eran las entidades valencianas que el Estado había decidido liquidar formalmente mediante una operación acordeón para luego ser vendidas por un euro. José Antonio Iturriaga, reencarnado duque de Berwick, entró también por el sur del Regne y en una campaña dura en la que tuvo que macerar la carne del cuadrúpedo abatido de mayor tamaño que la serpiente que se lo tenía que engullir, actuó desde el 22 de julio hasta el 31 de diciembre del 2011, fecha en que una vez adjudicado el Banco CAM SAU al Banco Sabadell, se quedó a la espera del plácet de la Comisión europea que llegó el 30 de marzo del 2012. Finiquitada la campaña del sur, Iturriaga emprendió el camino hacia Valencia a donde llega en abril de 2012 para rematar la faena de liquidación del Banco de Valencia que se había iniciado con la dimisión de José Luis Olivas el 28 de octubre de 2011 y a partir del 21 de noviembre se daba la señal de salida para crear las condiciones que justificaran la operación acordeón que se precisaba para venderla a los dinásticos catalanes.

Pero esta operación mostraba ciertas dificultades, no tanto por el tamaño sino por su condición de sociedad cotizada. El Banco de Valencia tenía dueños, tenía accionistas con voz y voto, no como los pseudo accionistas de la CAM con cuotas participativas, enmudecidos y sin derechos políticos, o como Bancaixa (o la CAM), que al ser entidades sin ánimo de lucro, estaban dirigidas en los tiempos felices de vino y rosas, por la nebulosa del ‘movimiento político-sindical-dinástico- español’, consejeros y directivos huidos en desbandada a la primera embestida, aunque algunos, como justificado alimento para los súbditos atónitos ante el saqueo, presentados por el FROB como necesarios cadáveres expuestos en las plazas públicas colgados por los pies, acusados como responsables de la desaparición de la CAM «¡Ay, de los vencidos!». Fernado Restoy, el concuñado del nuevo duque Berwick, reconocía la peculiaridad del Banco de Valencia al ser el primer banco intervenido, en su informe como presidente de la comisión rectora del FROB ante la subcomisión de reestructuración bancaria y saneamiento financiero del congreso, el 24 de abril 2013, decía: «El Plan de Resolución de Banco de Valencia reviste características peculiares toda vez que se instrumenta a través de la transmisión de las acciones de titularidad del FROB a CaixaBank». Efectivamente el 27 de noviembre de 2012, la Comisión Rectora del FROB, formuló el plan de resolución del Banco de Valencia, que contemplaba su integración con CaixaBank. El plan contenía las siguientes medidas: «suscripción por parte del FROB de un aumento de capital en Banco de Valencia por importe de 4.500 millones de euros, transmitiendo posteriormente el FROB su participación íntegra en Banco de Valencia a CaixaBank por el precio de un euro. Previamente a la recapitalización, según establece el artículo 4 de la Ley9/2012, los accionistas actuales soportarán las pérdidas en las que haya incurrido la entidad». Pero el Estado en su táctica de desviar la atención del saqueo a los valencianos, en este caso del Banco de Valencia, precisaba, como en el caso de la CAM, señalar culpables y sobre todo neutralizar a los díscolos que se resistían al expolio y a que se llevasen impunemente el botín. Fue el caso del castellonense Eugenio Calabuig que como un revivido Vinatea, resistió como un auténtico maulet empresarial, la defensa valenciana de la empresa Aguas de Valencia que era apetecida por Fainé con los ojos puestos en el abastecimiento de aguas de Madrid. Todos los cronistas valencianos coinciden que la alianza dinástica de Caixabank con el aparato del Estado, FROB , no dudó en utilizar los procedimientos más abyectos para eliminar al empresario valenciano como socio mayoritario de la empresa valenciana y lo más triste que catalanes y madrileños contaron con la colaboración de algún destacado empresario valenciano, actuando de botifler. Finalmente la Corte de Arbitraje y Medición de la Cámara de Comercio de Valencia decidió que Fomento Urbano de Castellón (FUCSA) de Eugenio Calabuig, que posee el 51% de Inversiones Financieras Agval (sociedad esta mayoritaria de Aguas de Valencia), tiene el derecho de tanteo como socio mayoritario de Agval para adquirir el 49% restante, que pertenecían al Banco de Valencia y, hasta este laudo, en manos de Caixabank. Al final, por fin, una victoria valenciana.

IV

Conclusión. Como compareciente en la finalizada Comisión de investigación de la CAM difiero de las conclusiones en las que coinciden los cuatro grupos parlamentarios valencianos. Para ellos la mala gestión unida a la falta o negligencia en el control de la caja son las causas de lo sucedido en la CAM. No. Al margen de la burbuja inmobiliaria –que fue la oportunidad para iniciar el proceso– que sin duda influyó y de la falta de ética en la adjudicación de emolumentos, si la auditora KPMG y el IVF no detectaron problemas es porque estos no existían, estos aparecieron cuando desde el Banco de España, en el 2009, se diseñaron los criterios para hacer inviables las cajas y desde el acuerdo de la Moncloa, en el 2010, se empezó a ejecutar el proceso. El Estado español decidió eliminar las cajas a favor de cinco o seis bancos y desde este Estado se decidió que ninguno de esos bancos fuera valenciano. Podía perfectamente haber surgido de las tres entidades valencianas desaparecidas. Mi conclusión es que los valencianos necesitamos un Estado. Sin él estamos a merced de los intereses de otros. Necesitamos nuestra Agencia Tributaria valenciana, nuestro Banco Central, nuestra Comisión del Mercado de Valores, nuestro registro de asociaciones de accionistas minoritarios, inexistente en la CNMV… necesitamos tener en nuestras manos los recursos financieros para potenciar la economía productiva valenciana… necesitamos tener las llaves de la caja y de la casa. Los valencianos (y murcianos), cuando más tardemos en remar hacia este objetivo, continuaremos siendo vulnerables y tratados como los siervos cuando el señor feudal entra en la aldea y ninguna sumisión logra parar su saqueo.

Víctor Baeta presidente de AIVCAM i del NEM Sabadell y compareciente en la Comisión de investigación de la CAM

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En una nota infame i parcial, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha distribuït EFE i que ocupa el gros de la notícia en el Levante-EMV i en LAS PROVÍNCIAS digitals, -nota oficial del TSJCV on es pren part pels usurers- redueix l’edat de la desdonada i senyala sense venir a compte que el fill viu en un edifici que -diu- té una piscina. Toni Blasco de LAS PROVINCIAS que s’ha personat a Serveis Socials i ha entrevistat a la desnonada, ha tingut el gest de demanar a la redacció de retirar la frase intencional del TSJCV. L’advocada de la desdonada rebia el 20 de desembre notificació que el desdonament seria per al 19 de gener. La frase intencional del TSJCV sencera abans de ser retirada de LAS PROVINCIAS, i que al Levante-EMV la manté:
La frase del TSJCV mantinguda al Levante-EMV
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La crònica de Toni Blasco en LAS PROVINCIAS fa objectiva la notícia davant de la parcialitat de la nota oficial de TSJCV distribuida per EFE i que aclapara el gros de la maquetació.

Desahucian a la madre de un coordinador de Stop Desahucios de Valencia

/ Toni Blasco
Francisco Gutiérrez solicitó un préstamo para un negocio a una sociedad de crédito privada y puso como aval la vivienda de sus padres

TONI BLASCO- LAS PROVINCIAS / EFE | valencia

22 diciembre 201620:06
Isabel López Borreguero de 79 años, madre de uno de los coordinadores de la plataforma Stop Desahucios de Valencia, Francisco Gutiérrez, ha sido desahuciada hoy de su vivienda, en ejecución de un proceso judicial iniciado en 2013 en un juzgado de la capital. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gutiérrez solicitó un préstamo para intentar reflotar un negocio a una sociedad de crédito privada y puso como aval la vivienda de sus padres, en la calle Tenor García Romero de Valencia. Cuando dejó de pagar durante dos mensualidades consecutivas, los prestamistas le demandaron e instaron al desahucio, momento en el que adeudaba 39.000 euros de principal y 12.000 de intereses, según las mismas fuentes.
El TSJCV ha explicado que el pasado mes de abril se acordó el desalojo y se dio a la madre, la única que vivía en la vivienda tras haber fallecido su marido, el plazo de un mes para que la abandonara, si bien se recurrió ese acuerdo y el proceso quedó paralizado. Las mismas fuentes han indicado que el pasado 4 de noviembre se volvió a acordar la ejecución del desahucio, que se notificó a la mujer el 8 de noviembre y se le comunicó que se procedería al desalojo el 2 de diciembre, si bien ese día se habían congregado allí miembros de la plataforma y la comisión judicial pasó de largo para “evitar tensiones”.
El pasado martes la comisión acudió de nuevo a la casa, donde al llegar no había nadie, y procedió a quitar la cerradura y precintar la vivienda, si bien al día siguiente los prestamistas acudieron al juzgado a comunicar que se había roto el precinto judicial y que la vivienda había sido ocupada. Las mismas fuentes han añadido que la comisión judicial ha acudido de nuevo hoy a la vivienda acompañada de la Policía Nacional “a la vista de los antecedentes”, donde ha ejecutado el lanzamiento y se ha dado la llave a los Servicios comunes para que comuniquen cuándo irán a recoger las dependencias.
Desde la plataforma Stop Desahucios, uno de sus coordinadores, Carlos Montalvo, ha criticado que tres furgones policiales han acudido esta mañana a ese domicilio, lo que a su juicio ha sido “desproporcionado”, y ha adelantado que presentarán una denuncia en el juzgado. Montalvo ha indicado que están intentando negociar con los Servicios Sociales municipales una alternativa habitacional para la mujer, de la que ha dicho que tiene 80 años y un cuadro de depresión, y ha señalado que les habían asegurado que “en Navidades no iban a desalojar a ninguna familia”.
Desde el TSJCV han señalado que la mujer tiene 79 años, dispone de una pensión mensual de 900 euros y jamás ha pedido la intervención de los servicios sociales. Además, han añadido que si el desalojo se ha producido en vísperas de Navidad ha sido por todos los recursos que se han presentado a una resolución que desde el pasado abril se intenta ejecutar.
La anciana desahuciada relata a LAS PROVINCIAS, que al volver de Correos de recoger una notificación, alrededor de las nueve de la mañana, se ha encontrado frente a la puerta del edificio un amplio dispositivo policial con tres furgones de antidisturbios y una docena de agentes, asustada e intuyendo que el desahucio se iba a levar a efecto, se ha puesto en contacto telefónico con su hijo, que poco después se personaba en la vivienda con su esposa.
Isabel cuenta que el pasado viernes día dos, se personaron en el juzgado y les garantizaron que durante las Navidades no se produciría el desahucio y le notificarían la nueva fecha, pero al abrir la puerta de la vivienda tras insistentes llamadas, se ha encontrado con la comisión judicial y tres policías uniformados. Una de las personas componentes de la comisión le ha indicado: “sabe usted que este piso ya no es suyo, y tiene que salir inmediatamente”. Apenas le han dado unos instantes para recoger en una bolsa con lo más preciso, según la anciana. Sin embargo, un miembro de la comisión judicial ha manifestado a LAS PROVINCIAS que le han explicado a la mujer que puede volver otro día a la vivienda para realizar el traslado de todas sus pertenencias.
Elizabeth, nuera de la afectada, comenta que inicialmente han intentado resistirse a abandonar el inmueble, pero han sido desalojados por los agentes. Según su testimonio, una mujer de la plataforma Stop desahucios que han acudido al ser avisados , ha caído al suelo y ha sido sacada del domicilio a rastras y se queja de la desproporción con la que se ha llevado a cabo tratándose de una anciana de casi 80 años.
Francisco Gutiérrez, nieto de guardia civil e hijo de la mujer desahuciada y coordinador de Stop Desahucios, teme que tras el desalojo de su madre sea él y su familia la que tenga que abandonar su domicilio, ya que está pendiente de una orden judicial y lamenta que estos hechos se produzcan. “De momento, esta noche la pasará en mi casa si cuando lleguemos no nos han cambiado la cerradura y nos tenemos que quedar todos en la calle”, afirma.
Desde los Servicios Sociales municipales, con los que han mantenido una reunión esta misma mañana, se han comprometido a tratar el caso para intentar encontrar “una alternativa habitacional a la mayor brevedad posible”.